Sobre los motivos detrás de la necesidad del desembolso, Milei justificó: «El dinero que ingrese del FMI, el Tesoro lo utilizará para cancelar parte de su deuda con el Banco Central, de modo tal que la deuda bruta no sube y en caso de que la misma se utilice para rescatar títulos cuyo valor de mercado está debajo la par, la misma caerá«.
«Hemos modelado muchos escenarios para aprobarlo, el staff estuvo de acuerdo y ahora lo manda al board, que decide si le pone el gancho”, detalló quién fuera el ministro de Economía durante la firma del último acuerdo del país con el FMI, durante el año 2018. Sin embargo, el funcionario evitó dar detalles sobre el monto del desembolso, sobre el que dijo que «de momento es confidencial».
Del lado del organismo financiero también dejaron varios guiños a la gestión libertaria, aunque por el momento evitan dar fechas de la inminente firma. Según detalló la vocera del FMI, Julie Kozack, las negociaciones «continúan de manera constructiva» y agregó: «Una vez que se completen las negociaciones, como ocurre con cualquier programa propuesto del FMI, el acuerdo final, los documentos, requerirán la aprobación del directorio ejecutivo”.
En este sentido, desde el ente conducido por Georgieva analizaron que «el plan de estabilización y crecimiento de las autoridades está generando resultados significativos. Ha hecho grandes esfuerzos para reducir la inflación, estabilizar la economía y forjar un regreso a un crecimiento en el país. Y la pobreza finalmente está empezando a declinar en Argentina”.
Durante los últimos días, Milei se defendió de las críticas sobre el nuevo acuerdo y aseguró que este permitirá «restaurar el patrimonio del BCRA, para que de este modo la inflación sea solo un mal recuerdo del pasado«.
En esa línea, Caputo volvió a negar que el Fondo haya pedido una devaluación y dijo que tampoco prevé saltos pronunciados en el tipo de cambio para este año. “El Fondo nunca nos pidió devaluación. El programa lo teníamos definido con el FMI en lo básico desde hace bastante, este último tiempo fue más de definir cuántos fondos nuevos se iban a requerir para mejorar los activos del Banco Central y que haya respaldo acorde al nivel de pasivos. Eso fue lo que llevó el último tiempo la negociación”.
Sin fechas pero con una clara buena sintonía, el Gobierno resguarda los detalles del acuerdo y, por el momento, se desconoce la fecha de la firma y el posterior desembolso que, desde Casa Rosada, esperan que pueda allanar el camino para la salida del cepo.
Si bien también se desconocen las cifras, de acuerdo con un informe del banco suizo UBS difundido en los últimos días, el financiamiento superaría los u$s12.000 millones, que es la cifra correspondiente a la amortización de la deuda con el FMI en los próximos años. Sin embargo, la entidad estima que podrían sumarse hasta unos u$s8.000 millones adicionales, un número similar a las obligaciones en concepto de intereses de la deuda.
Acuerdo con el FMI: el Gobierno envió un DNU para autorizar la firma y generó el reclamo de la oposición
Más allá del plan económico, la firma del acuerdo con el organismo financiero también representa un desafío político para el Gobierno. En las últimas horas, la gestión libertaria dio el primer paso y confirmó el envío de un Decreto de Necesidad y Urgencia para obtener la autorización para avanzar en las negociaciones con el FMI.
Cabe destacar que la iniciativa, que finalmente en lugar de un proyecto de ley será un DNU con el objetivo de agilizar su aprobación, sólo contará con el pedido de autorización para llegar a un nuevo acuerdo pero carecerá de cualquier detalle técnico sobre el avance de las negociaciones. El decreto del Presidente empieza a regir desde el momento de su publicación, lo que permitiría avanzar en las negociaciones más allá del posterior tratamiento en el Congreso.
El anuncio del oficialismo no estuvo exento de polémica: Milei pasó de prometer que “en los próximos días” le pediría al Congreso “que apoye al Gobierno en este nuevo acuerdo con el FMI” a anunciar que, DNU mediante, se autorizaría a sí mismo a avanzar en las negociaciones.
Días antes, el propio Presidente había dicho que respetaría las reglas del juego. Esto es: que cumpliría con la ley sancionada en 2022 – conocida coloquialmente como Ley Guzmán – que establece que todo acuerdo con el Fondo debe ser aprobado expresamente por el Congreso.
Incluso, horas antes del comunicado, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había dicho: “La posibilidad de que la aprobación del acuerdo con el FMI sea por decreto no es real”. Pero lo fue.
El camino próximo del DNU será el mismo que cualquier otro: para empezar, tiene fuerza de ley desde su momento de publicación. Tras esto, el texto que debe llevar la firma del Presidente, el jefe de Gabinete y todos sus ministros, se envía al Congreso. En este escenario, el Poder Ejecutivo tiene un plazo máximo de 10 días para mandar el Decreto.
Luego, el DNU caerá en manos en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, encargada de dictaminar en torno a la validez del DNU. Si el PEN no lo envía, la bicameral puede avocarse igual. Si ese cuerpo de trabajo no se pronuncia en un plazo de 10 días hábiles, tanto el cuerpo de la Cámara de Diputados como del Senado quedan habilitados a llevar el texto al recinto y aprobarlo o rechazarlo, con mayoría simple.
Cabe destacar que basta con que una de las dos Cámaras acompañe el decreto para que quede en pie. En otras palabras, para que caiga la autorización del acuerdo, ambas cámaras deberán expresar su rechazo.
Desde el FMI se mantienen por fuera de la discusión política interna. El organismo conducido por Georgieva insiste en que no es un requisito para el fondo que se tenga la aprobación del Congreso argentino porque, señalan, es una decisión del Gobierno. En pocas palabras, lo que ocurra en el recinto no será vinculante para el fondo la respuesta del parlamento argentino.
Por último, la vocera del FMI concluyó: «Tomamos en cuenta el compromiso del presidente Milei de buscar apoyo del Congreso a un nuevo programa”, y recordó que, si bien es «clave” para el éxito del programa que tenga un amplio apoyo «obtener el apoyo del Congreso es una decisión de las autoridades según lo dispuesto en la legislación interna argentina”.
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