Mientras en Neuquén, Río Negro y Chubut los vecinos convocan a movilizaciones por los incendios, el presidente Javier Milei y los ministros Patricia Bullrich y Luis Caputo fueron denunciados penalmente por la violación a la Ley de Manejo del Fuego.
Los incendios en la Patagonia llevan más de un mes sin control y a la fecha consumieron más de 3400 hectáreas de bosques nativos y zonas residenciales. Además, una persona falleció y centenares tuvieron que abandonar sus hogares. Uno de los principales reclamos es la escasez de recursos para combatir el fuego.
“La falta de inversión en infraestructura, la reducción drástica del presupuesto destinado al manejo del fuego y los despidos masivos en áreas claves han convertido lo que podría haber sido una emergencia controlable en una crisis sin precedentes”, dice la denuncia que presentó el abogado Gregorio Dalbon y que recayó en el Juzgado Federal Nº7 a cargo de Sebastián Casanello.
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La denuncia acusa al jefe de Estado, a la ministra de Seguridad y a su par de Economía de cometer los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, abuso de autoridad, contemplados en el Código Penal, y de infracción a la Ley de Manejo del Fuego. La norma fue sancionada en 2012 y en 2020 incorporó la prohibición de la venta y el cambio de uso de las tierras quemadas en 60 años. Si bien el Presidente había anunciado que la modificaría, ni el Decreto 70/23 ni la ley Bases lo hicieron.
“Debo decir que no se trata solo de negligencia, sino de una serie de decisiones políticas en cabeza de Milei, Caputo y Bullrich que han puesto en riesgo la seguridad y la vida de miles de personas”, sostiene Dalbon. La denuncia apunta contra los recortes presupuestarios de diversas áreas, como la del Sistema Federal de Manejo del Fuego, que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.
“En lugar de fortalecer las capacidades del Estado para hacer frente a las emergencias ambientales, el gobierno de Javier Milei optó por desmantelar los recursos existentes, incumpliendo obligaciones legales, que garantizan la protección de los ecosistemas y de las personas que habitan en las zonas afectadas”, agrega en el escrito judicial.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) elaboró un informe sobre la ejecución presupuestaria del Servicio Nacional de Manejo del Fuego que es citado en la denuncia contra los mandatarios. La FARN indica que en el 2024 el Gobierno sólo ejecutó un 26,6% de las partidas destinadas al área encargada de combatir los incendios.
En el informe, la organización civil también señala que la gestión libertaria redujo significativamente la participación presupuestaria de las áreas de Ambiente (-28.92%), Administración de Parques Nacionales (-19,82%) y Fuego (-26.30%) entre 2023 y 2024. La menor cantidad de recursos impacta en la posibilidad de actuar ante las catástrofes.
El coordinador de la Tecnicatura en Gestión Integral de Incendios Forestales Universidad Nacional de los Comechingones, Gustavo Romero, explicó en una nota en PERFIL que, en la actualidad el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) cuenta solo con 15 medios aéreos en todo el país para combatir los incendios y que la mayoría de los brigadistas tienen los contratos vencidos desde diciembre.
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La denuncia contra Milei, Bullrich y Caputo también apunta a las hipótesis de los «terroristas disfrazados de mapuches»
En los últimos días, la ministra de Seguridad anunció que enviará un proyecto al Congreso para modificar el Código Penal para que los autores de los incendios no sean excarcelados. Además acusó a supuestos “terroristas disfrazados de mapuches” de los estragos.
En tanto no se conoce la letra del proyecto, consultado por PERFIL, el abogado Dalbon consideró que “decir que se van a aumentar las penas para un delito cuando éste acontece es demagogia». Y agregó: «En mi opinión, jamás un delito bajó por el aumento de las penas. Sí, por buenas políticas de prevención. Una reforma del Código Penal habría que analizarla muy bien con académicos más que con políticos”.
En relación a la hipótesis oficial sobre el accionar de los grupos mapuches, la denuncia señala que “no debe perderse de vista que, en lugar de asumir la responsabilidad, el gobierno ha optado por una estrategia de criminalización hacia las comunidades mapuches, desviando la atención de su propia negligencia».
“Esta narrativa no solo carece de sustento probatorio, sino que también refuerza estigmatizaciones históricas que han sido denunciadas por organismos internacionales de derechos humanos. La Relatoría Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas ha advertido sobre el uso de discursos estigmatizantes para justificar políticas represivas contra comunidades originarias”, asegura Dalbon.
LM / Gi
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