Un juez federal de Estados Unidos bloqueó temporalmente el acceso del Departamento para la Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por Elon Musk, a los sistemas de pago y registros sensibles del Tesoro estadounidense. La decisión llega tras una demanda de 19 fiscales generales que argumentan que la administración de Donald Trump violó la ley al permitir este acceso, poniendo en riesgo la seguridad de datos confidenciales.
El reciente fallo del juez Paul A. Engelmayer, que fue nombrado por el expresidente Barack Obama, representa un obstáculo importante para el DOGE, el comité impulsado por Elon Musk para detectar y eliminar lo que la administración Trump ha descrito como «gastos gubernamentales innecesarios».
La orden de restricción temporal, válida hasta una audiencia fijada para el 14 de febrero, bloquea el acceso a los sistemas de pago del Tesoro y a sus registros confidenciales a «todos los cargos políticos», «todos los agentes especiales del gobierno», así como a «todos los empleados del gobierno asignados a un organismo externo al Tesoro».
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Esta medida responde a una demanda presentada por los fiscales generales demócratas de 19 estados, quienes alegan que el gobierno violó leyes de protección de datos al permitir que agentes externos, como los empleados del DOGE, tuvieran acceso a información sensible del Tesoro. Los estados que participan en la demanda son: Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Vermont y Wisconsin.
El sistema de pagos gestiona reembolsos de impuestos, prestaciones de la Seguridad Social o ayudas a veteranos, entre otras cosas, y mueve billones de dólares cada año al tiempo que maneja una amplia red de datos personales y financieros de los estadounidenses.
La orden también dice que cualquier persona que haya accedido a datos de los registros del Departamento del Tesoro desde que Donald Trump asumió la presidencia el 20 de enero, debe «destruir inmediatamente todas y cada una de las copias del material descargado».
En su fallo, Engelmayer dijo que los estados que demandaron «se enfrentarían a un daño irreparable en ausencia de medidas cautelares». «Esto se debe tanto al riesgo que presenta la nueva política de divulgación de información sensible y confidencial y a un riesgo mayor de que los sistemas en cuestión sean más vulnerables que antes a la piratería informática», escribió.
La polémica comenzó la semana pasada, cuando se conoció que el equipo de Musk había accedido a datos clasificados del Departamento del Tesoro sin la debida autorización. Este acceso fue descrito como «la mayor amenaza interna a la que se ha enfrentado nunca la Oficina del Servicio Fiscal», informaron los medios estadounidenses.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, cuya oficina presentó la demanda, dijo que el acceso de DOGE a los datos del Tesoro, además de plantear problemas de seguridad, también plantea la posibilidad de una congelación ilegal de fondos federales.
“Este grupo no electo, liderado por el hombre más rico del mundo, no está autorizado a tener esta información, y buscó explícitamente este acceso no autorizado para bloquear ilegalmente los pagos de los que dependen millones de estadounidenses, pagos para asistencia médica, cuidado infantil y otros programas esenciales”, señaló James en un video publicado por su oficina el viernes.
James, una demócrata que ha sido una de las principales antagonistas de Trump, dijo que el presidente no tiene poder para regalar la información privada de los estadounidenses a quien él elija, y no puede suspender los pagos federales aprobados por el Congreso.
Por su prate, el fiscal general de Connecticut, William Tong, apuntó que no está claro qué está haciendo DOGE con la información en los sistemas del Tesoro.
Según dos personas familiarizadas con el proceso, el equipo de Musk comenzó su investigación buscando vías para suspender los pagos realizados por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que Trump y Musk están intentando desmantelar. Las dos personas hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato por miedo a represalias.
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