En el bloque de la Coalición Cívica de la Cámara de Diputados detectaron que hay un creciente descontento con el Gobierno nacional en el interior del país, sobre todo entre los productores agropecuarios, por el tema de las retenciones y el retraso del tipo de cambio.
Es por ello que los diputados del partido fundado por Elisa Carrió presentaron un proyecto de ley que deroga el articulo 755 del Código Aduanero, que faculta al Poder Ejecutivo a fijar alícuotas a los denominados Derechos de Exportación.
Desde la interpretación más amplia, ese punto de la ley justifica la aplicación de ese impuesto, que algunos consideran también una tarifa aduanera. Sería una facultad delegada al Poder Ejecutivo el aplicarla o no y poner un máximo de 35%. Y ese número no es casual. En términos judiciales se considera que un porcentaje mayor puede considerarse nivel confiscatorio.
El proyecto de los “lilitos” no es casual. Se hace eco del descontento del campo con el esquema que propone el ministro de Economía, Luis Caputo, de mantener retenciones combinado con reducción de precios, sequía y retraso cambiario. Todo un cocktail que genera riesgos de pérdidas y quebrantos.
El proyecto fija posición respecto del tema y, de alguna manera, obligará al Gobierno libertario a tomar posición respecto del mismo.
Si bien se modifica el código aduanero y se elimina el impuesto, la iniciativa no quita todas las retenciones de golpe. Fija un máximo del 26% para la soja, del 9,5% para el trigo, maíz y sorgo; y del 5,5 para el girasol.
Luego, a partir de ahí va reduciendo las alícuotas en un 20% por año hasta su eliminación definitiva en un período de 5 años.
“A pesar de las reiteradas promesas de alivios definitivos, la eliminación de los derechos de exportación sigue pendiente, sin un compromiso concreto para su eliminación en el corto o mediano plazo”, dice la iniciativa en sus fundamentos.
En este sentido, se afirma que desde la Coalición Cívica “hemos sostenido siempre la necesidad de ‘dejar en paz al campo’ y reafirmamos nuestro compromiso con la eliminación total de estos tributos en el menor tiempo posible”.
“Por tales motivos, habida cuenta que el Decreto 38/2025, dictado por el gobierno de La Libertad Avanza, dispuso una reducción temporal de los derechos de exportación hasta el 30 de junio de 2025, venimos a presentar este proyecto para convertir dicha rebaja en definitiva”, añade el proyecto.
El mismo indica que “a su vez, proponemos fijar por ley un esquema de reducción progresiva de alícuotas, con una disminución anual del 20% hasta su eliminación total al cabo de cinco años”.
Además se señala que “las alícuotas de estos tributos han variado a lo largo de los años debido a delegaciones legislativas que permitieron al Poder Ejecutivo fijarlas discrecionalmente según las necesidades recaudatorias. Como resultado, la estructura tributaria argentina se ha vuelto cada vez más dependiente de los ingresos provenientes del comercio exterior, afectando de manera desproporcionada al sector agropecuario”.
Entre las asociaciones de productores y de la cadena alimentaria, además de analistas, se piensa que la reducción del 20% promedio temporal hasta el 30 de junio se va a tornar en permanente, porque consideran que se va a estar a las puertas de un proceso electoral. Sería poco conveniente para el gobierno volver a subir ese tributo.
De hecho, en la jornada los principales directivos del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) se reunieron con el titular del ARCA, Juan Pazo; el subsecretario de Coordinación de Producción, Santiago Migone y el subsecretario de Mercados de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Agustín Tejeda. Ahí les reclamaron que la rebaja se torne permanente y que se elimine el tributo.
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