Brasil se niega a enviar pruebas y tambalea una de las causas de corrupción más emblemáticas en la Argentina

Por tercera vez, en respuesta a un planteo formulado por el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) que tiene radicadas las causas en las que se investiga al gigante brasileño Odebrecht, el Ministerio de Justicia de Brasil informó que no enviará a la Argentina las pruebas requeridas en el marco de los acuerdos de colaboración, ya que las confesiones de los arrepentidos como otra documentación sobre circuitos de coimas, fueron declaradas por el Superior Tribunal de Justicia brasileño como «inutilizables» por «la contaminación» del circuito de obtención y por ende, no pueden aplicarse en otras sedes judiciales. Así, tambalea uno de los casos de supuesta corrupción más emblemáticos de nuestro país en los últimos años.

En medio de un trámite administrativo a través el cual la Justicia argentina reiteraba un pedido de envío de los acuerdos de delación premiada firmados en el marco del «Lava jato» -la causa que fue considerada, durante años, como la mayor operación anticorrupción en la historia de Brasil-, se reiteró un criterio adoptado hace meses: no se enviará ningún tipo de información.

En este caso, estuvieron implicados poderosos empresarios como el ex CEO de la constructora Odebrecht, Marcelo Odebrecht, y hasta el actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien estuvo 580 preso en Curitiba. Sin embargo, el año pasado el máximo tribunal de Brasil hizo lugar a un planteo de la defensa de Lula y sostuvo que todas las pruebas obtenidas a través de los acuerdos de colaboración, no tienen validez.

Hay que recordar que Odebrecht había admitido el pago de sobornos en 12 países para obtener contratos de obras públicas. Fueron más de 700 millones de dólares los que se pagaron.

El listado incluía a la Argentina, motivo por el cual, en el fuero federal penal, se iniciaron tres expedientes donde se analizaron diversas obras: las plantas potabilizadoras de AySa, el soterramiento del Tren Sarmiento y la ampliación de los gasoductos NOA – NEA. En todos los procesos fue adjudicataria la firma Odebrecht a través de Uniones Transitorias de Empresas.

Las causas se encuentran elevadas a juicio oral y radicadas en el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), que cursó una serie de pedidos a la justicia brasileña para poder acceder a las declaraciones de los «imputados colaboradores» del Lava jato.

Sin embargo, hubo dos notificaciones el año pasado (una en agosto y otra en noviembre) donde se puso en conocimiento de la decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil, en el que uno de sus miembros – José Antonio Dias Toffoli- determinó la «inservibilidad» de pruebas que se desprendían de medidas impulsadas por la justicia de su país..

En la Argentina, la Justicia federal había utilizado esas pruebas para sostener las acusaciones contra el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez en tres expedientes vinculados con supuestas maniobras de corrupción de la firma brasileña.

Las confesiones que reclama la justicia de nuestro país habían sido obtenidas tras un «Acuerdo de Clemencia» firmado por Odebrecht. Se trata de las declaraciones conseguidas bajo el sistema de delación premiada, que es la figura que en la justicia argentina tiene el «imputado colaborador» (algo así como un testigo arrepentido).

Uno de los primeros efectos que tuvo ese criterio adoptado por el máximo tribunal de justicia de Brasil fue un planteo formulado por la defensa del empresario Rodríguez, para que se enviara una copia de la decisión al Ministerio de Justicia para que sea remitida, a través del Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Internacional a la justicia de la Argentina, en el marco del proceso penal que afronta en Comodoro Py.

Cuando fundamentó su pedido, Rodríguez explicó que las acusaciones penales se encuentran «basadas en elementos indicativos y probatorios considerados inútiles», en función de las resoluciones que discutieron esas medidas de prueba, entre otras cosas su posible manipulación y falta de cadena de custodia. El planteo se refiere específicamente a los datos obtenidos por intermedio del sistema «DrousysEsMi día web Día B», así como las declaraciones de Luis Antonio Mameri, un ex directivo de Odebrecht que se había acogido al instituto del arrepentido.

Los sistemas Drousys y MyWebDay de Odebrecht, en los que se registraban esas coimas y que constituyeron parte de la prueba utilizada en expedientes penales en más de un país de la región, responden al almacenamiento de datos en los Estados Unidos, «todo ello al margen de la legislación. El sistema MyWebDay consistiría en una versión del sistema informático contable de Odebrecht a través del cual se generaban y alimentaban hojas de cálculo para, supuestamente, controlar y organizar la operacionalización del pago de ventajas indebidas», explicó el funcionario del Superior Tribunal de Justicia brasileño.

En función de los argumentos que el abogado de Jorge Rodríguez -investigado en el caso que instruyó el juez Sebastián Casanello, como en la causa por la licitación del Soterramiento del Tren Sarmiento que fue adjudicada a IECSA, propiedad en ese momento de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri-, expuso ante el Superior Tribunal de Justicia brasileño, el ministro Dias Toffoli expresó: «Puedo observar que la parte solicitante responde a la acción penal que utiliza pruebas consideradas inútiles por esta Corte Suprema en las sentencias dictadas en Rcl 61.387 y Rcl 43.007, por lo que debe ser admitida, al menos en parte, la reclamación».

En base a todo ese análisis, la Justicia de Brasil señaló que las pruebas no pueden utilizarse en otras sedes judiciales por su «falta de confiabilidad». Pese a ello, la Justicia de nuestro país continuó requiriendo la documentación vinculada a las confesiones de los arrepentidos.

Por ahora, sin resultados.