Los fallos están para cumplirse

El fallo de la Corte Suprema de la Nación que le otorgó más poder a la Justicia porteña sigue generando controversia en ámbitos judiciales. Primero fue la postura en contra esgrimida por el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, que pidió revertir el fallo porque, sostuvo, obstaculizará la normal tarea del Ministerio Público. Ahora salió a contestarle el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, que reclamó respetar el fallo y cumplir con lo que dicta la Constitución.

«Los fallos están para cumplirse. La Corte Suprema fue clara y contundente: terminemos de una vez con el ‘inmovilismo’ y avancemos con las transferencias pendientes para concretar una autonomía plena de la Ciudad de Buenos Aires, tal como lo dispone la Constitución Nacional», escribió Tapia en su cuenta personal de X en respuesta a la postura que explicitó Casal.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia fue dictada en la última acordada de 2024, cuando todavía integraba el tribunal Juan Carlos Maqueda (se jubiló el 29 de diciembre). Pero hasta ahora tuvo nulo impacto concreto, debido a la feria judicial de verano.

La feria termina este lunes. Ese día entrará en vigencia el fallo cortesano, que establece que todas las sentencias de la Justicia nacional con competencia sobre la Ciudad sean revisadas por el Tribunal Superior de Justicia porteño.

Sin embargo, se complicó la implementación de los cambios porque hay jueces que los resisten. Se trata de magistrados de distintos fueros, sobre todo camaristas, que buscan trabar lo decidido por la Corte.

Por lo pronto, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, iniciará una serie de consultas informales como las que ya tuvo, con la asociación de magistrados, los colegios y otros actores para ver cómo instrumentar el llamado fallo Levinas.

Esa resolución generó opiniones encontradas y resistencias que vienen desde lejos en el tiempo. En su reforma de 1994, la Constitución Nacional creó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que debería tener su propia Justicia. Pero ya desde ese momento los jueces nacionales de los fueros laboral, comercial, civil y penal ordinario se resisten a ser traspasados a la Justicia porteña, a través de declaraciones o acciones de amparo.

El viernes, en un escrito dirigido a Rosatti, Casal advirtió que la posición del máximo tribunal en el fallo Levinas le impediría al Ministerio Público Fiscal «cumplir con sus funciones legales y constitucionales en los procesos que tramitan ante la justicia nacional con competencia sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», según sostuvo el jefe de los fiscales.

Tras esa carta llegó el pronunciamiento de Tapia, que ya el 27 de diciembre había celebrado el dictamen. «Otro gran paso hacia la consolidación de nuestra autonomía», manifestó el ministro. También dijo que el fallo sentó un nuevo precedente que «equipara» a la Ciudad «a las otras 23 provincias».

Ese mismo mes se presentó un proyecto de ley, que fue aprobado por la Legislatura porteña e impulsa un Código Procesal de Trabajo de la Ciudad. Se trata de otra iniciativa clave para la Justicia porteña, ya que pone en marcha el fuero laboral de esa jurisdicción.

Desde la Ciudad lo destacan como un paso adelante para acelerar los tiempos de los procesos judiciales laborales, que en la Justicia nacional pueden demorar hasta ocho años. En ese sentido, afirman que el fuero porteño asegura procedimientos ágiles y flexibles.

Mientras tanto se mantienen los canales de diálogo entre Ciudad y Nación para concretar el traspaso de la Justicia Nacional Ordinaria al Poder Judicial porteño.

El dictamen de la Corte Suprema sobre el Caso Levinas de diciembre del año pasado ordena a los trescientos jueces nacionales (de la primera instancia y de las cámaras de apelación) que tomen como última instancia de apelación al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. La Capital Federal es el único distrito que tiene esta clase de jueces, que encabezan juzgados comerciales, civiles, laborales y penales. En todas las otras provincias, esos cuatro fueros son provinciales, y sus magistrados son designados y controlados por los poderes legislativos y los consejos de la magistratura locales.

Con su fallo, la Corte Suprema le da más poder a la Justicia porteña, porque ahora convierte a los jueces nacionales en dependientes del Tribunal Superior porteño.

El conflicto más complicado es el que se produce en el fuero laboral, que concentra decenas de miles de causas con conflictos laborales entre trabajadores, empresas y organismos públicos. En ese caso, los abogados de las empresas creen que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo -compuesta por diez salas que atienden las apelaciones de todas las causas radicadas en la Capital Federal- va a negar los recursos de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia porteño. Si eso sucede, la apelación debe presentarse en queja, lo cual no suspende la ejecución de la sentencia.

En caso de que se acumulen esa clase de decisiones, la Corte Suprema tendría que volver a pronunciarse, porque los camaristas estarán desatendiendo una decisión ya emitida por el máximo tribunal del país.

Esa situación es la que más preocupa a las empresas, que desde hace décadas denuncian que la Justicia laboral se convirtió en un fuero que hace más difícil la inversión y la contratación de personal.

La Ciudad ya tiene creado un fuero laboral, pero aún no se designaron los jueces para ocupar los juzgados.

En rigor, además de los jueces laborales, buena parte de los jueces civiles, comerciales y penales nacionales se resisten a convertirse en jueces de la Ciudad de Buenos Aires, y lo mismo ocurre con los fiscales nacionales, tal como dejó expuesto este viernes el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, en la carta que le envió a los miembros de la Corte Suprema para pedirles que reviertan su decisión en el Caso Levinas.