En la previa de la marcha de la comunidad LGBT contra Javier Milei, el juez federal camporista Alejo Ramos Padilla dictó un habeas corpus donde les pidió a las fuerzas de seguridad que no intervengan dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires y brinden las garantías necesarias para «manifestarse y expresarse en libertad».
«Se exhorta a las fuerzas de seguridad para que el próximo sábado 1° de febrero del año en curso no se intercepten personas en la vía pública –tanto en transportes públicos como en vías de acceso a las unidades de trenes, todo ello dentro de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires– y/o se filmen con el fin de identificarlas y/o requisarlas sin orden judicial previa», dice el escrito, que no hace referencia a la Ciudad de Buenos Aires, epicentro de la protesta de este sábado a las 16.
En el texto, el magistrado solicitó además a las autoridades nacionales y provinciales a cargo de las áreas de seguridad que les den a la ciudadanía «las garantías necesarias de que podrán manifestarse y expresarse en libertad«.
La llamada «Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista LGBTQI+» surgió como respuesta al discurso del Presidente en el Foro de Davos, donde criticó la figura penal del «femicidio» y asoció la homosexualidad con la pedofilia. Convocan organizaciones vinculadas a cuestiones de género y la diversidad, pero se plegaron partidos políticos, sindicatos, organismos de derechos humanos, artistas y otros famosos.
En el fallo, Ramos Padilla destacó que «las presentes actuaciones reconocen su inicio a raíz de la presentación formulada» por Matías Peñalva, con el patrocinio letrado del Dr. Martín Ertola, mediante la cual «interpusieron acción de hábeas corpus preventivo y colectivo en favor de todos los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires que decidan convocarse».
Hasta noviembre de 2023, Peñalva formó parte del área Géneros y Familias del gobierno de Kicillof.
Los presentantes señalaron que «el caso traído a consideración reúne los rasgos necesarios para su configuración como acción colectiva, dado que se trata de una situación de hecho que vulnera en forma común a un grupo de personas debidamente identificado y a cada persona que lo integra, sin que la solución requerida dependa de la consideración puntual de las condiciones individuales de cada uno de los miembros del grupo».
En la previa de la movilización, las espadas más importantes de Javier Milei sostienen que “los K están fogoneando la marcha” y que buscan asegurar que sea «importante”, con el único objetivo de generarle un revés político.
Si bien el aparato peronista se sumó luego de que colectivos LGTBQ hicieran la convocatoria, rechazan que sea una movida genuina a partir de los dichos de Javier Milei en el Foro de Davos sobre la agenda Woke, la homosexualidad y el feminismo.
Además de los dichos de Milei en Davos, la marcha se gestó luego de que se trascendiera mediáticamente la noticia de que el Gobierno trabaja en un paquete de medidas «anti feministas» que incluye eliminar la figura de femicidio del Código Penal.
A tono con el polémico discurso del libertario en el Foro, el Gobierno avanza con un proyecto que se llamará «Igualdad ante la ley», el cual tienen previsto enviar al Congreso de cara a las sesiones ordinarias, para busca derogar lo que definen como «discriminación positiva».
La iniciativa eliminaría la ley de cupos que obliga a que el 50 por ciento de los legisladores nacionales y del Parlasur sean mujeres e incluiría además las mismas mismas prerrogativas en el plano de la Justicia y de las empresas.
La idea del Ejecutivo es avanzar en la derogación de la ley de Identidad de Género, algunos aspectos de la ley Micaela; el DNI no binario, implementado en 2021 y la ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero. También modificaría el Código Penal y eliminaría la figura de los femicidios, que para el propio Presidente son un invento de la cultura woke.
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