El año de Villarruel en el Senado: el quorum como primer mandamiento y un corto plazo inciertoPor Mariano Casal

Victoria Villarruel está a la vera de cumplir un año como titular del Senado y, como mayor virtud, respetó dos mandamientos trascendentales para quien aterriza en el Congreso: tener el número y, ante dificultades, ganar tiempo. De esa manera se entienden los triunfos y traspiés de los primeros 12 meses en la Cámara alta y las dudas sobre el corto plazo, con una Casa Rosada que por momentos aprovechó las tormentas parlamentarias para desprestigiarla y que, frente a aprobaciones de leyes, buscó quedarse con los beneficios de las mismas y menospreciar la labor de todo un equipo que trabajó a destajo para ayudar a su Gobierno, más allá de estar hoy en mejor sintonía.

El 13 de diciembre pasado, el Senado tuvo su sesión preparatoria para elegir autoridades. Allí, un esquelético oficialismo -siete legisladores; hoy, seis- y una serpenteante oposición dialoguista -que viró en situaciones de imposible justificación- unieron fuerzas para conformar una mayoría circunstancial de 39 integrantes y relegar al kirchnerismo, que allí tiene la primera minoría, con 33 bancas. En la Cámara alta, el quorum se obtiene con 37. Aquí fue más que importante la labor del experimentado peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta).

Aquella luz verde generó un entusiasmo que se frenó poco tiempo después, durante las extraordinarias del último período estival, cuando se quiso avanzar de manera exprés con el dictamen de la hoy sancionada ley de Boleta Única de Papel (BUP), un cambio institucional de gran magnitud. Como suele ocurrir en la arena política nacional, dos gobernadores -el de Río Negro, Alberto Weretilneck; y el de Misiones, Hugo Passalacqua– trabaron el despacho para acaparar la atención de la Casa Rosada y la iniciativa tuvo luz verde seis meses después, tras los cambios realizados en el Senado y el aval de Diputados en segunda revisión.

En paralelo, Villarruel se enfrentó a su primer escenario delicado: el rechazo al mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70, que desregula la economía. Es la nave insignia de Javier Milei. La Vicepresidenta estiró, durante semanas, la convocatoria a una sesión que empujaba el kirchnerismo y muchos de los dialoguistas que forman parte del grupo de 39 senadores.

A mitad de marzo, con el período ordinario ya activo, cedió ante la presión insostenible -a esa altura- y el Gobierno operó dicha caída en una mala jugada de la titular de la Cámara alta. Para esa época, el diputado oficialista Guillermo Montenegro ya había dejado de ser una persona de confianza y su armador, con caminatas y travesías por pasillos y despachos que finalizaron de manera abrupta.

Lo curioso de ese rechazo, si uno considera que el Ejecutivo supo moverse bien en situaciones de caos -de hecho, fomentó varios durante este año-, es que el destino del DNU 70 quedó en manos de Diputados -nunca se anuló y sigue vigente-, sirvió para negociar y quebrar a bloques dialoguistas, que todavía analizan cómo encarar a una Casa Rosada que pretende todo -así es el poder- y nunca considerará como enemigo digno a quien no entienda y comparta esa visión.

Tras el DNU 70, el Senado esperó el traumático devenir de la ley Bases y el paquete fiscal en Diputados. El primer intento tuvo situaciones insólitas, como cuando un legislador libertario -cuyas acciones subieron con el correr de los meses- preguntó, ante cinco periodistas acreditados en el Congreso, si después de una votación en general, le seguía la particular. La capacidad que tienen los parlamentarios para la autoflagelación e involución ya es algo casi natural de los últimos 15-20 años.

El presidente de la Cámara baja, el riojano Martín Menem, contó -para su suerte- con el ciento por ciento del Ejecutivo a su lado para que ambas leyes arribaran al Senado, después del tijeretazo de cientos de artículos. El Gobierno demandó velocidad, sin haber negociado un solo punto ante una Cámara alta que venía de rechazarle el DNU 70. ¿En qué terminó eso? Modificaciones y regreso a Diputados, que sancionó dichas normas en segunda revisión.

Al margen de la agenda legislativa, Villarruel también lidió con un escaneo de todo lo que dejó su antecesora e inminente titular del PJ nacional, Cristina Kirchner. Una minuciosa labor conjunta de los departamentos administrativo, jurídico y de Recursos Humanos, entre otros, derivaron en cientos de contratos y relaciones laborales desactivadas.

La profundización de la motosierra generó la obligada cruzada de los gremios parlamentarios y fuertes tensiones internas, un panorama no menor que Villarruel y su entorno pudieron sobrepasar, al menos, por ahora. A las peleas entre propios hay que sumar virulencias dentro del oficialismo para correr a su jefe, el jujeño Ezequiel Atauche, quien cuenta con un aceitado nexo con la Casa Rosada. No hay que olvidar que en la bancada ya no participa el formoseño Francisco Paoltroni, que continúa como aliado.

Para entender la estructura del Congreso, hay que considerar tres bloques bien delimitados. En el del medio aparecen los empleados de planta permanente y transitoria -la mayoría de la composición de la Cámara alta- que cumplen, desde hace años o décadas, sus tareas. Son los más perjudicados, por escándalo. También, los menos considerados, a diferencia de paracaidistas que surfean y sacan jugo hasta enfrentar algún freno. Esto no exime de extravagancias que aún se mantienen.

En el segundo bloque se ubican los pícaros gremios, como la intocable Asociación del Personal Legislativo (APL) que lidera el cristinista por conveniencia Norberto Di Próspero, quien aparece en la lista del PJ que presentó la ex primera mandataria y ex vicepresidenta para manejar a control remoto el justicialismo nacional.