Casi dos décadas después de haber cerrado contratos para trabajar en Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez, Impsa firmó el acuerdo definitivo para reactivar sus proyectos hidroeléctricos en ese país. La compañía, que el año pasado se convirtió en la primera empresa privatizada durante la gestión de Javier Milei, rehabilitará y modernizará las centrales de Tocoma y Macagua, con el objetivo de recuperar 672 megavatios (MW) de capacidad de generación en un plazo de 24 meses.
Según informó la empresa, en los próximos 90 días prevé incorporar 160 MW al sistema eléctrico venezolano mediante la puesta en servicio de las unidades 5 y 6 de Macagua. Luego rehabilitará la unidad 4 de esa central, que permitirá sumar otros 80 MW en un plazo de 12 meses.
El acuerdo fue firmado en Caracas por los principales ejecutivos de Impsa y autoridades de la estatal Corpoelec, durante un encuentro en el Palacio de Miraflores en el que participó la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez. Por la compañía estuvieron su presidente, Jorge Salcedo; el vicepresidente, Juan Manuel Domínguez; el gerente general, Pablo Magistocchi, y el director de Negocios, Mario Croce.
En Tocoma, el proyecto contempla en esta primera etapa recuperar 432 MW mediante la puesta en funcionamiento de las unidades 1 y 2. En paralelo con los trabajos iniciales en Macagua, Impsa comenzará allí las obras civiles y electromecánicas, con un plazo previsto de 24 meses.
La firma abre un nuevo capítulo de uno de los proyectos más accidentados de la historia de Impsa. El vínculo con Venezuela se remonta a 2008, durante los gobiernos de Cristina Kirchner y Hugo Chávez, cuando la compañía todavía estaba controlada por la familia Pescarmona y ganó una licitación para proveer diez turbinas destinadas a Tocoma por unos US$520 millones.
El proyecto nunca llegó a completarse. Venezuela interrumpió los pagos entre 2013 y 2014 y buena parte del equipamiento quedó inmovilizado. La frustrada operación venezolana se convirtió así en uno de los símbolos de la crisis que atravesó Impsa durante la década siguiente, junto con los problemas que enfrentó en otros negocios internacionales.
La historia también dio un giro completo. Tras entrar en cesación de pagos en 2014 y perder posteriormente la familia Pescarmona el control de la compañía, en 2021 el Estado nacional adquirió el 63,7% de Impsa y Mendoza otro 21,2%, en medio de las dificultades financieras que atravesaba la metalúrgica.
Con la llegada de Milei a la Casa Rosada comenzó el proceso inverso. En febrero de 2025, el Estado nacional y Mendoza vendieron sus acciones al consorcio Industrial Acquisitions Fund (IAF), liderado por capitales estadounidenses.
Impsa se convirtió así en la primera privatización de la administración libertaria.
El regreso a Venezuela también fue posible por un cambio drástico en el escenario político. La intervención de Estados Unidos, que terminó con la captura de Nicolás Maduro, aceleró el acercamiento entre Washington y Caracas, y abrió una nueva etapa para la recuperación de la infraestructura energética venezolana. Para Impsa, ahora controlada por capitales estadounidenses, ese giro permitió avanzar en un proyecto que hasta hacía pocos meses permanecía trabado, entre otras razones, por las sanciones norteamericanas.
Antes de la caída de Maduro, la nueva conducción de Impsa ya había iniciado gestiones en Washington para obtener los permisos necesarios para negociar con Corpoelec. La compañía había puesto a disposición de las autoridades estadounidenses sus capacidades para participar de la recuperación del sistema eléctrico venezolano. El cambio político terminó de destrabar esas conversaciones y, meses después, el proceso desembocó en el acuerdo definitivo firmado ahora en Caracas.
La operación tiene, además, una dimensión mayor que los 672 MW comprometidos en esta primera etapa. El plan maestro elaborado por Impsa y Corpoelec prevé alcanzar eventualmente hasta 2640 MW entre ambas centrales: 2160 MW en Tocoma y 480 MW en Macagua. Esa expansión, sin embargo, requerirá nuevas etapas y no forma parte íntegramente del contrato anunciado ahora.
Para Impsa, el regreso a Venezuela se produce además después de haber avanzado en el saneamiento de su situación financiera. Bajo sus nuevos accionistas, la compañía reestructuró una deuda cercana a US$600 millones y busca recuperar presencia internacional tanto en el negocio hidroeléctrico como en la fabricación de grúas portuarias y componentes para centrales nucleares.
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