Pase de facturas en el Gobierno por un error de cálculo que le costará millones al sector privado

El Gobierno enfrenta un traspié en una de las decisiones energéticas más sensibles del invierno: rechazó una propuesta privada para importar gas natural licuado (GNL) por considerarla cara y semanas después la empresa pública encargada del proceso terminó aplicando un costo 47% superior al utilizado originalmente como referencia. Esa situación generó malestar interno y ahora obliga a convalidar un mayor traslado a las tarifas.

Durante los meses más fríos, la producción local no alcanza para cubrir toda la demanda y la Argentina debe importar GNL en barcos para abastecer a industrias, distribuidoras y centrales térmicas. La mayor parte de ese combustible se usa en usinas eléctricas y en la producción manufacturera, que enfrentan costos mucho más altos que los del gas doméstico.

Semanas atrás, la Secretaría de Energía decidió no avanzar con una propuesta de la española Naturgy para encargarse de la importación y comercialización del GNL durante el invierno. La oferta contemplaba un esquema integral con un costo de US$4,51 por millón de BTU, valor que el Gobierno consideró demasiado elevado.

La decisión se tomó utilizando como referencia una estimación previa de Enarsa —la empresa pública que administra la provisión de gas desde hace dos décadas—, que había calculado en torno a US$3,50 por millón de BTU el costo asociado a la regasificación, logística y entrega del combustible importado.

Pero en la subasta realizada la semana pasada en el Mercado Electrónico del Gas (Megsa), la propia Enarsa terminó fijando ese componente en US$5,16 por millón de BTU, un valor 47% superior al utilizado originalmente como referencia y que además se suma al precio internacional del GNL, ya encarecido por la guerra en Medio Oriente. Como ese cargo se agrega al valor internacional del combustible, cualquier variación impacta directamente sobre el costo final del gas importado que utiliza el sistema energético durante el invierno.

El episodio dejó expuesto al Gobierno: rechazó avanzar con una privatización por considerarla costosa y terminó enfrentando un cargo todavía más alto bajo gestión estatal. También generó tensiones dentro del área energética, donde algunos cuestionaron la diferencia entre los costos utilizados inicialmente para descartar la propuesta privada y los valores que finalmente surgieron en la subasta.

“La realidad es que hace 20 días Enarsa pasó una nota a la Secretaría de Energía diciendo que el costo era uno. Nosotros tomamos la decisión de no avanzar con la privatización porque era más cara. Pero hizo la licitación y el sobrecosto era mayor al que habían pasado inicialmente”, explicó a LA NACION una fuente oficial al tanto del proceso.

Según supo este medio de fuentes vinculadas a la compañía, en Enarsa rechazan que haya existido una descoordinación con el área energética y aseguran que el procedimiento fue consultado previamente con funcionarios del Ejecutivo antes de avanzar con la subasta en Megsa. Explican además que el costo de regasificación “se mantuvo igual” y que la diferencia final de precios respondió principalmente a las ofertas recibidas en un mercado internacional atravesado por la suba global del GNL y la volatilidad derivada de la guerra en Medio Oriente.

En la Secretaría de Energía, que conduce María Tettamanti, área coordinada por Daniel González sostienen que la referencia utilizada inicialmente terminó subestimando el costo final pero acusan que hubo falta de comunicación.

En paralelo, el Gobierno por ahora no prevé mecanismos para diferir parte del sobrecosto del GNL importado y evitar que el impacto llegue de golpe a tarifas, a diferencia del esquema que Economía ya definió para trasladar el mayor costo del gas residencial a las facturas después del invierno.

El objetivo oficial es “aplanar” el impacto del GNL sobre la demanda residencial durante los meses de mayor consumo. En los hechos, eso implica una mayor intervención estatal para contener el costo de una estrategia que originalmente buscaba avanzar hacia un esquema más orientado al mercado.

Las importaciones previstas para este invierno podrían superar los US$1000 millones, según estimaciones privadas. El mercado calcula que la Argentina necesitará entre 23 y 25 barcos durante la temporada de mayor consumo, con costos superiores a los US$40 millones por cargamento.

El Estado podría terminar financiando entre US$150 millones y US$200 millones para abastecer más barato a hogares, hospitales y escuelas, montos que luego serían recuperados gradualmente a través de las facturas hasta 2027.

Fuentes privadas estiman, además, que el diferencial entre el costo inicialmente informado por Enarsa y el finalmente aplicado en la subasta podría implicar un sobrecosto de varias decenas de millones de dólares solo para los cargamentos involucrados en junio. El tema fue adelantado días atrás por el portal especializado EconoJournal.

La controversia escaló después de que la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro Exportador de Cereales (CIARA-CEC) enviara una carta a la Secretaría de Energía cuestionando el incremento comunicado horas antes de la subasta y reclamando explicaciones técnicas. La entidad advirtió que las industrias terminarán absorbiendo parte del mayor costo del gas importado.

“El costo de USD 5,16/MMBTU supera en un 47% el spread mínimo de USD 3,50/MMBTU que el propio pliego de la subasta establecía como costo de referencia del servicio de regasificación”, sostuvo la cámara empresaria.

El trasfondo del conflicto también expone las dificultades estructurales del sistema energético argentino. Pese al fuerte crecimiento de Vaca Muerta y a las proyecciones oficiales de exportar gas durante todo el año desde fines de la década, el país todavía necesita importar GNL en invierno para cubrir los picos de demanda.

Durante las semanas más frías del año, el consumo total de gas puede superar los 160 millones de metros cúbicos diarios, impulsado principalmente por industrias, centrales eléctricas y estaciones de GNC. La demanda prioritaria —hogares, hospitales y escuelas— rondaría los 90 millones de metros cúbicos diarios, y una parte se abastece con gas importado.

Bajo el nuevo esquema impulsado por el Gobierno, Enarsa seguirá concentrando la demanda residencial, al menos hasta 2027, mientras que grandes industrias y generadoras deberán anticipar y contratar por su cuenta parte del gas importado necesario para el invierno. En el sector advierten que esa transición podría implicar mayores costos energéticos e incluso riesgos de abastecimiento para empresas que no aseguren previamente el combustible. En ese contexto, el Gobierno busca evitar que el mayor costo del GNL se traslade de golpe a tarifas y a la inflación, en momentos en que Economía intenta sostener la desaceleración de precios y preservar el superávit fiscal.